En el marco de la puesta en marcha del Consejo de Mayo, y luego de la reunión con la CGT de la semana pasada, el Gobierno ahora convocó a los empresarios para discutir los detalles de la reglamentación de la reforma laboral.

El encuentro entre el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y los representantes del Grupo de los 6 (G6), compuesto por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina, se realizará este miércoles. Desde Capital Humano destacaron que será con “agenda abierta”.

Cordero, tras escuchar a los empresarios, los invitará a integrarse a una mesa técnica junto con la CGT que buscará consensuar el decreto reglamentario de la reforma laboral. La delegación sindical que visitó a Cordero extendió sus demandas de modificar artículos del capítulo laboral de la Ley Bases. Inicialmente, parecía que iba a concentrarse sólo en dos o tres puntos que, a su juicio, consagran la “desprotección laboral” de los trabajadores, pero presionan para rechazar otros artículos.

Los empresarios respaldan los cambios legislativos promovidos por el Gobierno en materia laboral y cuestionan las objeciones de los sindicalistas, como el artículo que penaliza los bloqueos sindicales, el que crea la figura del trabajador independiente que puede tener a su cargo hasta otros tres trabajadores autónomos para un emprendimiento productivo y el que incorpora el agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio.

Para el sector empleador, la versión original de la reforma laboral, incluida en el DNU 70, era “más abarcativa y profunda” que la sancionada con la Ley Bases, ya que por presión de la CGT se le recortaron 42 artículos que preocupaban a la dirigencia sindical. Aun así, los empresarios coinciden en que la norma aprobada es “un paso adelante para sacarnos de encima la espada de Damocles en que se transformó gran parte de la legislación del trabajo”. Valoran, por ejemplo, todo el articulado que elimina las multas por trabajo no registrado o demora en el pago de las indemnizaciones, uno de sus clásicos reclamos.

Uno de los mayores puntos de fricción que se insinúa entre el G6 y la el sindicalismo es el artículo sobre los bloqueos a las empresas: si bien el sector dialoguista de la CGT no suele utilizar esa modalidad de protesta, en la reunión con Cordero planteó sus quejas por la forma en que dejaría expuestos al despido con causa a los trabajadores por el solo hecho de estar en la puerta de la empresa mientras dura el bloqueo. Curiosamente, en el encuentro no estuvieron Pablo Moyano ni su papá Hugo, líderes del Sindicato de Camioneros, la organización gremial que apela con más frecuencia a los bloqueos como método de protesta, pese a fallos judiciales que los consideraron un delito y a condenas contra sus promotores.

Incluso el propio Funes de Rioja defendió en el marco de la OIT, hace un mes, el artículo que penaliza los bloqueos contra las empresas al destacar que “un tema en discusión son los límites al derecho de huelga, que deben tener en cuenta la figura del acoso y violencia del Convenio 190 de la OIT, ya ratificado por la Argentina”. Allí fue cuando mencionó que ese convenio es de “doble vía, pues los bloqueos de planta o la imposibilidad de ingreso o egreso de un establecimiento violan también derechos constitucionales como el de propiedad, el de ejercer toda industria lícita la libertad de tránsito y de trabajo”.

Para el sindicalismo, “la Ley Bases tiene todavía una parte laboral que puede ser dañosa y perjudicial si no se reglamenta bien”, advirtió un experto jurídico de la CGT para explicar su posición. Según esta misma fuente, la dirigencia cegetista planteará en la mesa técnica tripartita que impulsa Cordero la necesidad de atenuar o corregir los efectos de distintos puntos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno que, en su opinión, implican la “desprotección de los trabajadores”.

El Grupo de los Seis definió exactamente lo contrario y tratará de que se respete fielmente el espíritu de los cambios sancionados en la Ley Bases, ya recortados por presión de la CGT.