La adhesión aprobada, elaborada por el Poder Ejecutivo Provincial y ratificada en las Comisiones legislativas, exceptúa en su artículo segundo a las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII Número 68, ex 5.001.

La aprobación se produjo luego de un debate que, presidido por el vicegobernador Gustavo Menna, se extendió durante cuatro horas y en el que intervinieron diputados de todos los bloques. 
Al cabo del mismo la votación arrojó los 18 votos a favor (los 16 votos del bloque oficialista Despierta Chubut más los de Mariela Williams, de Arriba Chubut, y de Daniel Casal, de Familia Chubutense); mientras que los 9 votos en contra fueron los de los restantes integrantes de la bancada Arriba Chubut más los de Andrea Toro y Marcelo Rubia (PICH) y Santiago Vasconcelos (Frente de Izquierda). 

La adhesión al RIGI fue el tercer punto de un largo orden del día, compuesto por 22 proyectos, a los que se sumaron 10 con pedido de reserva para su tratamiento sobre tablas por parte de los legisladores autores de esas iniciativas.

El proyecto de ley, que llevó el número 175/24, fue fundamentado por el diputado del bloque Despierta Chubut Luis Juncos, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que, junto a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, fueron los ámbitos en los que en los días anteriores se emitió dictamen a partir de su tratamiento por parte de los diputados. 

Fundamentación 

Junco puso hincapié en “es la adhesión a una de las leyes comprendidas en la Ley Bases, una de las normas de mayor discusión dentro del Congreso en esta etapa democrática”. 

Recordó que “constaba de casi 700 artículos al comienzo. Tuvo discusión y un fracaso incluso inicial, y generó una marca en el Gobierno Nacional en relación con el respeto a los poderes del Estado. Por eso hubo un trabajo y un segundo envío del proyecto, que quedó finalmente sancionado. Ese segundo proyecto tenía 238 artículos”. 

Este trabajo, dijo, “no solo lo realizó la Cámara sino también la sociedad, haciendo escuchar sus voces de apoyo y de disidencia”.  

Explicó Juncos que el RIGI “es un marco jurídico, regulatorio, cambiario y aduanero que trabaja sobre las grandes inversiones a 30 años, y se fija que las inversiones son por encima de los 200 millones de dólares”. 

Al respecto añadió: “El RIGI no es algo nuevo. Hay numerosos antecedentes en el país de otras normativas anteriores”. Y mencionó, al igual que otros diputados tanto del oficialismo como de la oposición, la Ley Guinle -elaborada por el ex senador Marcelo Guinle, fallecido en 2017-- que propicia inversiones eólicas con incentivos fiscales. 

Juncos habló de la importancia de contar con “seguridad jurídica” que “sirve para que no se cambien las reglas de juego en el proceso de inversión”. En este sentido puso hincapié “en el efecto multiplicador de las grandes inversiones en la economía”. 

“La ley tiene 4 artículos solamente –explicó-: el primero sugiere adherir; el tercero pone en cabeza del Ministerio de la Producción la autoridad de aplicación; el cuarto invita a la adhesión a los municipios; y el n° 2 excluye a las actividades mineras previstas en la ex ley 5.001, hoy vigente”. 

“Será otro el momento donde se pueda debatir, cambiando las cuestiones de la ley, y espero que si algún día sucede sea de cara a la gente, y no a escondidas como se hizo en su momento”, dijo. Y enfatizó: “La voluntad de política de este Gobierno en este momento está marcada en el artículo 2°, con la vigencia de la ex ley 5.001 en Chubut”. 

Remarcó que “este artículo 2° habla de la autonomía y de la soberanía de Chubut”. Y pidió el acompañamiento, finalmente obtenido, de ese artículo al momento de la votación en particular”.
Otras intervenciones

Además de Juncos, otros diputados oficialistas que intervinieron en el debate fueron el presidente de la bancada, Daniel Hollmann, Sergio Ongarato, María Andrea Aguilera, Jacqueline Caminoa, Sonia Cavagnini, Sixto Bermejo, Leticia Magaldi, Karina Otero y Emanuel Fernández. En todos los casos remarcaron la necesidad de que la provincia cuente con inversiones privadas para generar empleo.

“Todos coincidimos en que necesitamos que haya trabajo y empresas que inviertan. En los últimos años se alejaron las grandes empresas que estaban en el país, muchas de las cuales eran extranjeras pero les daban trabajo a habitantes del país”, dijo Ongarato. 

Y añadió que “las políticas nacionales de los últimos años nos acercaron a Rusia, a Cuba, a Irán y a Venezuela, a dictaduras que violan de manera permanente los derechos humanos tanto en América como en otros continentes. Y se tienen que pagar por juicios por la privatización de YPF 16.000 millones de dólares por una empresa que vale 4.000 millones”. 

“Los sueldos se caen y suben los planes sociales y la marginalidad, con los problemas que trae como narcotráfico y trata de personas. Y hay 20 millones de personas trabajando de manera informal o semi informal”, agregó. 

“En ese contexto está Chubut, una provincia donde se dejaron de pagar sueldos, donde aumentó el gasto público, cuyos proveedores dejaron de pagar al Estado porque no les pagaban. Y con localidades sin servicios”, sumó, y remarcó que ese es el contexto en el que asumió el gobernador “Nacho” Torres.

Oposición 

Por el lado de la bancada opositora Arriba Chubut, el presidente de la misma, Juan Pais, dijo estar “a favor de los regímenes de inversiones, pero no de este”. 

Agregó al respecto: “Están a punto de cometer un error histórico que hipoteca en algún punto el futuro de los chubutenses”. En este sentido expresó que el RIGI “está vigente en el país y no requiere de ninguna adhesión”. 

Cuestionó, entre otros aspectos que el RIGI “permite que el gran inversor importe y exporte sin aranceles. Eso genera una competencia desleal”, por lo que planteó “la necesidad de una ley anterior que beneficie a los empresarios locales que invierten en la cuenca y que son los que más empleo y riqueza generan en Chubut”. 

Entre otras consideraciones, añadió que la Ley Nacional Bases “no permite obligar a que el inversor deba compartir infraestructura, ni siquiera onerosamente. Eso está mal”. Y dijo que el RIGI “habla mucho de inversiones pero poco de ambiente”, por lo que, enfatizó, “Chubut merece un régimen especial de energía eólica, y no esta adhesión nacional”. 

En el mismo sentido, con el adelantamiento del voto negativo, se expresaron Norma Arbilla, quien en su argumentación destacó el régimen de incentivo a las inversiones turísticas aprobada en la Cámara luego del tratamiento del proyecto enviado por el Ejecutivo, así como el tratamiento del incentivo a la industria naval. “Tenemos herramientas como provincia para llevar adelante los incentivos que necesitemos”, sostuvo. 

También sumaron sus voces en el debate los integrantes del bloque Arriba Chubut Tatiana Goic, Emanuel Coliñir, Gustavo Fita y Vanesa Abril.  

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Santiago Vasconcelos celebró “la presencia de vecinos en las gradas, así como en las afueras del edificio legislativo”. Pero cuestionó “el rápido tratamiento en comisiones de una ley que marca condiciones de inversión por 30 años”. 

Este aspecto fue mencionado también por la presidenta del bloque del PICH, Andrea Toro, quien indicó: “Es indiscutible que Argentina y Chubut necesitan atraer inversiones para el desarrollo económico, pero este RIG avasalla las autonomías provinciales”.  

Otros proyectos 

Antes de la aprobación del RIGI, la Legislatura aprobó también el proyecto de ley también elaborado por el Poder Ejecutivo, que aprueba el acuerdo de “permiso de paso y constitución de servidumbre” celebrado entre Chubut y la Administración Portuaria de Puerto Madryn y (ALUAR), lo cual le permitirá a la empresa continuar con su proyecto de ampliación de la planta de ósmosis inversa. 

Y además fue aprobado, con un solo voto negativo, del diputado Vasconcelos, el proyecto de ley 171/24 que aprueba el memorandum de acuerdo entre el Gobierno del Chubut, el Gobierno Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión del Gobierno Provincial “a través de acciones de asistencia técnica, procesos de adquisiciones y otras iniciativas de intervención que mejoren, potencien y modernicen la aplicación de políticas públicas de calidad, sostenibles e inclusivas”.