En dialogo con Carlos Ojeda para la Constructora 103.3, Cristina Caamaño, rectora de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, expresó su sorpresa y preocupación tras la intervención de la Policía Federal en la sede de Defensa 119. La medida fue ordenada por el interventor Maurizzio, nombrado por el gobierno, y generó un clima de tensión en la comunidad educativa.

La intervención ocurrió en horas de la mañana, cuando la universidad estaba prácticamente vacía. "Nos sorprendieron. Fue necesario presentar un habeas corpus para poder salir del edificio", explicó Caamaño. La presencia policial se basó en un correo electrónico enviado por el interventor, sin carácter oficial, lo que generó dudas sobre la legalidad de la acción.

Desde hace un mes, la universidad enfrenta una intervención tras intentos del gobierno de ahogar financieramente a la institución. Según Caamaño, el objetivo es desmantelar una universidad con una fuerte orientación en derechos humanos. A pesar de las dificultades, docentes y personal administrativo continúan su labor sin recibir salarios desde enero, mientras el interventor, que nunca ha asistido a la universidad, cobra un salario significativo.

La comunidad universitaria, formada bajo el legado de las Madres de Plaza de Mayo, se mantiene firme en la defensa de la autonomía universitaria. "Estamos preparados para resistir", afirmó Caamaño, subrayando la importancia de proteger la educación pública y de calidad. La vulneración de la autonomía universitaria es vista como una amenaza no solo para esta institución, sino para todas las universidades públicas del país.

La situación ha captado la atención internacional, con informes llegando incluso a universidades en el extranjero. La comunidad académica global observa con preocupación los acontecimientos en Argentina, temiendo que el caso siente un precedente negativo para la educación superior pública.

A pesar de las dificultades, la universidad continúa en estado de alerta, decidida a enfrentar los desafíos que se presenten. La comunidad educativa sigue movilizada, contando con el apoyo de estudiantes, docentes y organizaciones de derechos humanos, comprometidos en la defensa de esta histórica institución.