Pamela Demes, referente del Sindicato de Inquilinos de la provincia de Chubut, encendió las alarmas sobre la grave situación que atraviesan los inquilinos en la región. Según los datos presentados por Demes, el Índice de Contrato de Locación (ICL) ha marcado un aumento del 238% para octubre, lo que está dejando a muchas familias en una situación insostenible.

“Si alguien empezó a alquilar en enero de este año por 300.000 pesos, al mismo mes del año próximo estará pagando 892.000 pesos por un monoambiente o una habitación. Esto significa que, en muchos casos, los trabajadores destinan hasta el 100% de su salario solo para el alquiler”, explicó Demes en una entrevista para Pulso de Radio.

Crisis habitacional y riesgo de desalojos

Demes también advirtió que la situación se agrava con la reciente derogación de la Ley de Alquileres por parte del gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 7023. Este decreto introduce nuevas cláusulas en el Código Civil y Comercial, como la obligación de pagar el 10% del contrato total en caso de rescindir un alquiler. “Es una medida abusiva para el inquilino, que ya de por sí afronta gastos exorbitantes al iniciar un contrato de alquiler”, señaló.

Con estos aumentos y las nuevas disposiciones legales, el riesgo de desalojos y judicialización de las renovaciones de alquileres es inminente. “Estamos ante una crisis estructural que afecta tanto a jóvenes trabajadores como a personas mayores. Las jubilaciones mínimas no alcanzan para cubrir los alquileres, y los salarios actuales tampoco son suficientes”, agregó Demes.

El impacto sobre la calidad de vida

La referente del sindicato describió cómo esta situación está precarizando la calidad de vida de los inquilinos, obligando a muchas personas a buscar segundos trabajos para poder cubrir los costos básicos. Además, advirtió sobre el impacto de la crisis en las mujeres trabajadoras, quienes deben afrontar gastos adicionales como el cuidado de hijos, lo que agrava aún más su situación económica.

“Estamos viendo un deterioro en la calidad de vida. Muchas personas se ven forzadas a regresar a las casas de sus familias o a alquilar habitaciones en condiciones indignas. Esta no es una solución viable para nadie”, enfatizó.

Pedido urgente al Estado

Por último, Demes instó al Estado a tomar medidas urgentes para contener la crisis. A pesar de los anuncios sobre la construcción de viviendas sociales, la cantidad de unidades no alcanza para cubrir la demanda. “El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda, y hasta ahora ha sido omiso en tomar medidas efectivas para resolver este problema”, concluyó.

El Sindicato de Inquilinos de Chubut continuará exigiendo políticas públicas que protejan a los inquilinos y mejoren su calidad de vida. “Seguiremos luchando para que se implementen soluciones reales y sostenibles para las familias trabajadoras de Chubut”, finalizó Demes.