El gobernador de esa provincia, Claudio Vidal, dijo que cree que es momento de negociar con los buques chinos y lo habría hecho el pasado 18 de octubre, con una de las empresas más importantes del Estado chino, la Hong Dong Fisheries Co. -reveló Informe Marítimo- que contaría con casi 200 buques y, según el informe del Círculo de Políticas Ambientales, tendría “frondosos antecedentes de pesca ilegal; además, que se trataría de una subsidiaria de la fábrica de armas del Ejército Chino Poly Group Corp”. Cuestión, que no asombra, porque gran parte de la flota que pesca a distancia cumple estos objetivos más allá de la pesca. Esta declaración motivó el unánime rechazo del ambiente pesquero y por parte de expertos que venimos siguiendo el comportamiento de la flota china.

Vidal afirmó que esto ya viene sucediendo, pero nadie lo sincera. “Si estos buques están allá, haciendo uso de nuestros recursos, ¿por qué no regulamos y negociamos con ellos y generamos fuentes de trabajo para los argentinos? Malvinas y Montevideo lo hacen, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros?”, planteó.

Es necesario -dijo- “llevar adelante una amplia gama de servicios logísticos, mejorar los cinco puertos y el abastecimiento en tierra y alta mar y, agregar valor en plantas en tierra”. Y la Coordinadora Portuaria de Santa Cruz, Selsa Hernández completó: “Que vengan los barcos que operan sobre la milla 201 significará trabajo y reactivación de la economía. Queremos que nuestros puertos trabajen respetando las leyes argentinas”.

Ambas declaraciones son poco congruentes. ¿Hablan de apropiación china de nuestros recursos, lo vinculan a la pesca ilegal no deseada en Montevideo y Malvinas y refieren a respetar la Ley argentina que los buques violan? Por cierto, con esta apertura, le será improbable a Hernández certificar y dar seguridad a los puertos.

Solo un análisis del número de buques da cuenta de la insensatez e improvisación de llevar adelante una iniciativa semejante: China tiene operando en el mar unos 2.500 buques pesqueros; sólo en el Atlántico Suroccidental pescan sin control unos 300 (270 poteros y 30 arrastreros), mientras que el total de la flota nacional alcanza a las 520 embarcaciones que son relativamente controladas.

El descontrol será total y, claro está, la Nación y mucho menos la provincia de Santa Cruz tienen capacidad política, económica, técnica y de seguridad para llevar adelante una operatoria de semejante naturaleza.

La intención de favorecer las operaciones de estos buques que depredan los recursos pesqueros de Argentina no es nueva; ya fue promovida fallidamente durante los años 2021 a 2023 por las provincias de Chubut y Tierra del Fuego, como oportunamente denunciamos y, frente a ello, la moneda de cambio que se anuncia en todos los casos, es económicamente insignificante, ya que la pesca ilegal china, taiwanesa, coreana y española se ha llevado en los últimos 50 años la friolera de 152 mil millones de dólares en productos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, con los que se podrían haber ampliado, renovado y modernizado todos los puertos del país y producido un fenomenal desarrollo poblacional y generación industrial y laboral en la Patagonia sin precedentes.

Pero más grave aún -si se pudiese ponderar- sería el atractivo que esta medida provocaría para miles de buques, al apoyar la Argentina la captura ilegal en la región, con buques depredadores, subsidiados, con regímenes de trabajo esclavo; con el consecuente agotamiento de los recursos, no solo de alta mar sino de la ZEE Argentina; el descrédito internacional y la pérdida irreversible de la administración del Atlántico Suroccidental y la consecuente declinación de la soberanía nacional en su territorio marítimo, antártico y bioceánico.

El gobierno de Santa Cruz no tiene facultades para llevar adelante esta iniciativa de abrir los puertos a los buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar. Esta decisión -a nuestro juicio- atenta contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria, social y la seguridad y defensa nacional, siendo inconstitucional porque requeriría un Acuerdo previo ratificado por el Congreso de la Nación por imperio de la ley de Pesca, de la ley de actividades portuarias y su aplicación dañaría el medio ambiente violando la Ley General del Ambiente al promover facilidades a quienes pescan ilegalmente afectando el ecosistema.

Por otra parte, este tema, debiera provocar una revisión de las cuotas y autorizaciones que el Consejo Federal Pesquero otorga a buques de Empresas del Estado Chino en Argentina; por cuanto resulta un absurdo que mientras se les otorga habilitaciones, hay otros buques de ese mismo Estado pescando ilegalmente los recursos migratorios en alta mar. Por ejemplo, analizar que el 68% de los buques que integran la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) cuyos buques capturaron más del 90% del total argentino (en 2022) son embarcaciones de empresas asiáticas, mayoritariamente chinas.

Si prosperase la iniciativa de Santa Cruz, se cerrarán definitivamente todas las puertas de futuros acuerdos en alta mar y, se profundizará el camino de agotamiento del recurso y declinación de la soberanía nacional. (Autor: César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca; Ex Secretario de Estado y Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana).