El caso, que ha tomado notoriedad pública tras la difusión de una cámara oculta que expone cómo el profesional de la salud emitiría certificados médicos falsos a requerimiento de empleados sin diagnóstico ni tratamiento verídico alguno, a cambio de sumas de dinero. La maniobra fraudulenta afectó a un número significativo de empresas y comercios locales, que durante meses e incluso años, se vieron obligadas a afrontar costos económicos desmedidos, en la mayoría de los casos de entre 1600 y hasta 2.000 dólares mensuales por empleado que gozarían de la licencia psiquiátrica expedida por Soria.

La denuncia penal ya ha sido radicada formalmente y las asociaciones empresarias han solicitado constituirse como querellantes en la causa, en un hecho sin precedentes en la historia empresarial de la región. A través de esta acción, se busca no solo la sanción de los responsables, sino también el establecimiento de controles más rigurosos en la emisión de certificados médicos, garantizando la integridad del sistema de licencias por enfermedad y la protección de la verdadera salud mental de los trabajadores.

Antecedentes

El primer reclamo formal de un socio en la Cámara de Comercio se suscitó en el año 2020, recién iniciado el aislamiento por Covid 19.  En ese período la institución lanzó una encuesta consultando respecto de 5 años hacia atrás, en la que participaron respondiendo 48 empresas: 18 de ellas tenían uno o más casos de trabajadores con licencia por emisión de certificados médicos y, al menos, el 50% de dichos certificados habían sido expedidos por el profesional denunciado.

A principios del año 2022, en conversaciones con la Asociación Hotelera y Gastronómica se detectaron más casos con el mismo modus operandi. En función de ello se decidió iniciar una acción en conjunto para obtener más información al respecto y corroborar la veracidad de las licencias.

Se realizó una nueva encuesta de similares características a la anterior, siendo que en esta oportunidad participaron respondiendo 76 PyMEs hasta el momento: 47 de ellas tenían uno o más casos de trabajadores con certificados médicos que les otorgaban licencias y, al menos, 23 de ellos tenían certificados emitidos por la misma persona. (Es decir, nuevamente el 50% de los trabajadores con licencias psiquiátricas eran otorgadas por el profesional de la salud denunciado), por lo que junto con otras evidencias recabadas se tomó la decisión de promover una denuncia penal para que se investigue el accionar descripto.

Motivos que definieron el inicio de las acciones legales:

1. Evidente riesgo para la salud pública

•             La emisión indiscriminada de licencias psiquiátricas sin diagnóstico ni tratamiento real podría poner en riesgo a los trabajadores que sí pudieran padecer trastornos de salud mental y requieren una atención profesional adecuada.

•             Se ha manifestado que el médico no realizaba evaluaciones clínicas reales, sino que simplemente otorgaba los certificados en base a la solicitud de los empleados en consultas que no duraban más de 10 minutos.

2. Impacto económico en las empresas

•             Cada licencia psiquiátrica falsa genera un perjuicio económico de entre 1.600 y 2.000 dólares mensuales por trabajador.

•             Se han documentado casos de empleados que estuvieron de licencia por más de un año sin justificación médica real, afectando la operatividad y estabilidad financiera de las empresas.

•             Estos hechos han generado un perjuicio de ciento de miles de dólares anuales durante varios años al sector comercial y al entramado productivo regional.

•             Los altos costos generados son absorbidos por los comerciantes, que resignan sus ganancias y/o trasladan a costo, lo que encarece el precio final a los consumidores.

3. Falta grave y mala praxis médica

•             El accionar del que se acusa al Dr. Marcelo Raúl Soria constituye un abuso de su título profesional y una violación a la ética médica.

•             Se ha solicitado tanto en sede penal como administrativa la inhabilitación de su matrícula profesional y la apertura de una investigación para determinar si existen otros profesionales involucrados en la misma maniobra delictiva.

4. Fraude y estafa laboral

•             Los empleados que habrían adquirido estos certificados, estarían abusando del sistema de licencias pagas, generando perjuicios no solo para sus empleadores, sino también para otros trabajadores que deben cubrir las ausencias.

•             En muchos casos, las licencias psiquiátricas habrían sido utilizadas como método de presión laboral, solicitando cambios de condiciones o beneficios injustificados.

5. Reclamo de justicia y cumplimiento de la ley

•             Se exige el esclarecimiento inmediato del caso y la aplicación de las sanciones penales correspondientes.

•             La denuncia se ha realizado en base al artículo 172 del Código Penal (estafa) y a los delitos de falsificación de documentos (artículos 292 y 295 del Código Penal).

6. Licencias extensas y condiciones no evidentes

•             La particularidad que tienen las licencias de salud mental es que los síntomas no se pueden determinar fehacientemente mediante estudios clínicos, los períodos de licencia son largos y los tratamientos pueden ser extensos, lo que genera un mayor costo económico al empleador.

* Adicional a ello, Soria indicaría a los trabajadores de qué manera responder ante un control de la Medicina Laboral, para no evidenciar la falsedad de la licencia emitida.

Desde las entidades empresarias creemos firmemente que cualquier problema tanto de salud como laboral debe resolverse a través de las vías y mecanismos establecidos para esos fines, cumpliendo con los protocolos, atendiendo cada caso con la importancia que lo demanda, buscando la mejor solución posible para todas las partes y bajo ningún concepto recurrir a operaciones fraudulentas en ningún caso, pero principalmente cuando se trata de la salud.