Después de dos suspensiones, este martes empieza el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El exfutbolista falleció en 2020 a los 60 años en la casa de Tigre en la que vivía en el country San Andrés.

Luego de que se confirmara su muerte, la Justicia de San Isidro conformó un equipo especial con los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra y comenzó a investigar. A las pocas horas, los hijos del “Diez” denunciaron que las personas que debían cuidar a su padre (su equipo médico y de psicólogos), en realidad lo habían matado.

Con el avance de la investigación, los fiscales imputaron por “homicidio simple con dolo eventual” a la psiquiatra Agustina Cosachov, al neurocirujano Leopoldo Luque, al psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica Nancy Edith Forlini, al enfermero Ricardo Almirón, al jefe de enfermeros Mariano Ariel Perroni y al médico Pedro Pablo Di Spagna. Este delito prevé penas que van de 8 a 25 años de prisión.

Los siete sospechosos estarán sentados desde las 9.30 en el banquillo de los acusados del Tribunal Nº 3 de San Isidro (a cargo del juez Maximiliano Savarino), donde tres veces por semana habrán audiencias.

Está previsto que el juicio dure al menos hasta mediados de julio, ya que deberán declarar 192 testigos y se evaluará una gran cantidad de pruebas; entre estudios médicos, pericias a celulares, audios, grabaciones y los resultados de distintas pericias.

Por qué los investigadores creen que se trató de un homicidio

El 11 de noviembre del 2020, Maradona llegó al barrio privado San Andrés, en la localidad de Tigre, donde alquilaba una casa, para arrancar su recuperación después de haber sido operado de un hematoma subdural. Su estado de salud hacía pensar que pronto iba a estar bien y que la evolución sería favorable.

Para eso, se montó una internación domiciliaria y varios profesionales empezaron a ocuparse de su cuidado. Sin embargo, 14 días después, murió.

Según la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, los fiscales consideran que los siete acusados no tuvieron en cuenta las enfermedades preexistentes del jugador y lo abandonaron a su suerte.

“Ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función”, indicaron en el documento emitido en 2023.

Según los investigadores, esta acción hizo que se agrave el cuadro de salud del exjugador, “colocándolo en una situación de desamparo, abandonándolo a su suerte, ya que provocaron su deceso producto de una insuficiencia respiratoria y paro cardíaco”.

Es que, según su historial clínico, Maradona sufría de enfermedades graves, como insuficiencia renal crónica, cirrosis dual, insuficiencia cardíaca, deterioro neurológico crónico, adicción al alcohol y psicofármacos, y probables enfermedades psiquiátricas, sumadas a un cuadro de abstinencia.

Aun así, para los fiscales, los siete imputados omitieron sus funciones e impidieron que recibiera la adecuada atención médica.

La autopsia estableció que Maradona murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.