El Gobierno dispuso la reducción de los aranceles de importación de productos textiles, calzado, hilados y telas que habían sido fijados por el Mercosur hace 18 años. La medida apunta a fomentar la competencia en el sector para alentar la baja de precios locales, los más caros de la región y el mundo según el Ejecutivo.

A través del Decreto 236/2025, se recortaron los aranceles de ropa y calzado, que pasarán del 35% al 20%; de telas de 26% a 18%; y los distintos tipos de hilados de 18% a 12, 14 y 16%, volviendo a los aranceles previos a 2007.

De una comparativa realizada por la Secretaría de Comercio con nueve países con PBI per cápita medio-alto (Inglaterra, España, México, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile), se desprende que Argentina es el país con la indumentaria más cara en la región.

El relevamiento sobre productos de marcas internacionales reveló que una remera cuesta en Argentina 310% más que en España (sale 41 dólares en Argentina y 10 en España) y 95% más que en Brasil (la misma remera se consigue a 21 dólares). Otro ejemplo, una campera cuesta en el país un 174% más que en España (en Argentina vale 118 dólares y en España 43) y 90% más que en Brasil.

“Este Decreto rectifica una suba de aranceles del Mercosur del 2007, en la que se estableció un arancel más elevado sujeto a los resultados de estudios posteriores que nunca se realizaron. Por eso, la medida sigue vigente desde hace 18 años, generando un impacto directo en el precio de la ropa”, aseguraron fuentes oficiales.

El Ejecutivo tomó la decisión con el fin también de alcanzar los aranceles que tienen en los países limítrofes, como Uruguay, que cobra 20% a las importaciones, además de un 5% de tasa consular. Paraguay, en tanto, cobra 10% al ingreso de ropa y calzado.

Aseguraron que esta decisión se suma a los esfuerzos de la Secretaría de Industria y Comercio durante 2024 “para alentar la competencia y la baja de precios textiles en Argentina y la baja de la inflación”.

En esta línea, se eliminó el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país, el estampillado de la mercadería, la obligatoriedad de pasar por el canal rojo normativo, la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) y las licencias de importación.

La reacción del sector

Por su parte, ante el anuncio de la rebaja de aranceles, la UIA había afirmado que “es preocupante que la agenda de integración comercial no esté acompañada de una agenda de competitividad dentro del país”.

“En los últimos meses la UIA ha advertido sobre la necesidad de atender las cuestiones que dificultan la competencia y propuesto un camino en pos de nivelar la cancha frente a las desigualdades generadas por el llamado costo argentino”, precisó la entidad.

Y agregó: “En esa agenda de competitividad la industria ha señalado que con los actuales niveles de presión fiscal, informalidad, falta de acceso al crédito y demás desequilibrios la competencia frente a las importaciones de bienes finales, en especial de algunos países, se torna desigual y desleal”.

Sobre el aumento de precios, “esgrimido como principal razón para la baja de aranceles, cabe señalar que en enero, el rubro textil registró un aumento de precios del 0,6% mientras que la indumentaria de producción textil aumentó un 1%. Por este motivo, el aumento de prendas de vestir y calzado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en febrero dio 0,4%, muy lejos del incremento de precios de otros sectores de la economía”, sostuvieron los industriales.

Al mismo tiempo, apuntaron que los sectores textil e indumentaria están especialmente afectados por los problemas de comercio ilegal, contrabando, falsificación marcaria, entre otras, y que ello se vio reflejado en el último relevamiento del CEU-UIA, donde se observó que un 33% de las empresas relevadas afirmaron que el contrabando las afectaba negativamente, llegando al 80% en el caso de las empresas del sector textil, indumentaria y confecciones.

En tanto, desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) aseguraron que la medida es “un industricidio” ya que “puede provocar la destrucción de miles de puestos de trabajo y el quiebre de cientos de industrias, sólo en la cadena de valor textil-indumentaria. Se trata de un sector que tiene larga tradición en nuestro país y genera una gran cantidad de empleo: existen 539.000 ocupados en toda la cadena de valor y sólo los eslabones industriales emplean a más de 290.000 personas”.

En un comunicado, la entidad también señaló que la decisión del Gobierno “favorece la competencia desleal de productos importados, que ingresan a nuestro país a precios irrisorios debido al dólar barato y a los costos laborales e impositivos que enfrentan en los países asiáticos donde se fabrican.”