"El 25 de febrero, el Poder Ejecutivo dictó un Decreto, el 137, por el cual designó en Comisión a los doctores Lijo y García-Mansilla y a los dos días ya asumió García-Mansilla”. En algún momento se resolvió un caso similar el cual involucraba a Rozenkrantz y Rosatti, donde estaban a cautelar para que no juraran “lo que permitió en su momento un diálogo institucional”.

“Lo que nosotros estamos planteando es la constitucionalidad de ese decreto, los alcances y, eventualmente, se tendrán que analizar la validez o no de las decisiones que pudo haber tomado el Dr. García-Mansilla", señaló acerca de la medida que tomó.

“En este caso, cuando estoy en condiciones de resolver la cautelar, García Mancilla ya había jurado y entonces no había posibilidad de utilizar el mismo remedio procesal que hicimos. Le dimos visita a todas las partes, al Estado Nacional, a los mismos Lijo y García Mancilla para que se presentaran al expediente. Y nos vimos en condiciones ya de resolver hasta la semana pasada”.

No se tomó la decisión antes porque “queríamos ser muy respetuosos de las facultades del Congreso, son los representantes del pueblo y no queríamos interferir en el debate”. Así fue como decidieron postergar la decisión hasta después de que se pudiera acceder al Congreso.

Uno de los argumentos que se rebatió fue el que dio el propio García-Mansilla, quien dicho sea de paso había avisado “que se mantendría en el cargo, que sólo podría ser removido por juicio político y que continuaría hasta diciembre o el inicio del próximo año parlamentario”.

“Analizamos la constitucionalidad de sus planteos para ver si era posible la cautelar y verificamos que los antecedentes que él mencionaba eran muy antiguos. Uno de 1962 cuando estaba (el presidente José María) Guido porque acababan de deponer a (Arturo) Frondizi y no existía una práctica constitucional”, ya que regía un gobierno de facto tras un golpe de Estado, apuntó Ramos Padilla.

Con esto fue señalado también el grave riesgo de que un juez o una persona no reúne los requisitos de la Constitución, y esté ocupando el más alto cargo del Poder Judicial. “En función de eso, dictamos primero ahora una medida cautelar, para que no pueda intervenir en ninguna causa, ninguna causa ni jurisdiccional ni administrativa”.